Pulseada para mejorar la coparticipación de impuestos
Gobernadores
Por la alta inflación, fallos de la Corte Suprema, la estatización del régimen previsional, la devolución gradual del 15% a las Provincias que antes iba a la ANSeS y transferencias discrecionales a ciertos distritos, el complicado esquema de coparticipación federal de impuestos sufrió alteraciones que lo tornaron aún más complejo e inequitativo.
En los primeros días de febrero, el presidente Mauricio Macri se reunirá con los gobernadores para avanzar en un nuevo esquema de distribución de impuestos y limar los roces que abrieron tras los $25.000 millones transferidos a la provincia de Buenos Aires y la devolución del 15% de la coparticipación a algunas Provincias (Córdoba, San Luis y Santa Fe) por fallos de la Corte Suprema, mientras el resto tuvo una mejora menor por el reintegro gradual a razón de 3 puntos porcentuales en un plazo de 5 años.
También impactó en 2016 la recesión y cambios impositivos que empujaron hacia abajo el reparto de impuestos que fue a las Provincias.
El balance del reparto de impuestos entre la Nación y las Provincias marca una caída de la participación de las Provincias, a pesar que hubo un incremento de las transferencias discrecionales. Según un trabajo de Marcelo Capello y Vanesa Toselli, de IERAL – Fundación Mediterránea, se pasó “de una participación provincial del 34,3% de los recursos tributarios nacionales en 1995 a un 29,7% en 2015, cuando se incluye el impuesto inflacionario en los tributos nacionales”.
A su vez, la distribución de los fondos entre las Provincias (“distribución secundaria”) “la mayor novedad en el último cuarto de siglo lo constituye la situación con la Provincia de Buenos Aires, quien pasó de participar con algo más del 25% de los recursos transferidos a provincias en 1983, al 14% en 1985, al 21% en 1989, para llegar luego al 25% en 1995 tras la creación del Fondo del Conurbano Bonaerense (FCB) en 1991. Con la aplicación de un tope al FCB en 1995 comenzó un período de continua caída en la participación de la Provincia de Buenos Aires en el reparto efectivo hasta llegar a un 18,8% en 2015”.
En tanto, como el excedente del tope bonaerense se reparte entre el resto de las Provincias, el informe señala que “la mayoría de las jurisdicciones mejoraron su participación secundaria entre 1995 y 2015”. Y destaca que la mayor suba relativa fue para Córdoba, con un 20%, seguida de Chaco con un 19% y luego Chubut, Neuquén y Santa Cruz.
Además, la transferencia a las provincias de los servicios educativos y de la salud pública condujo al establecimiento de leyes con fondos específicos para su financiamiento. También la instrumentación del Fondo Federal Solidario (FFS) en abril del 2009, a través de la coparticipación del 30% de los derechos de exportación de la soja, posibilitó un incremento en los recursos coparticipados, pero la reducción de 2016 le jugó en contra a las Provincias.
Más distorsiones
Otra distorsión son las transferencias no automáticas o discrecionales que beneficiaron en especial a Santa Cruz.
En 2016 la participación de las Provincias tuvo una leve mejora por la devolución del 15% a Córdoba, San Luis y Santa Fe y 3 puntos al resto, y debería ir subiendo a medida que se vaya completando el reintegro en los próximos años.
No obstante, otro Informe, del Instituto de Análisis Fiscal (IARAF) marca que por la inflación y la reducción de la presión de determinados impuestos los envíos totales a las Provincias (automáticas y no automáticas) en términos nominales aumentaron un 32,3%, lo que significa “que los altos índices de inflación determinaron que los fondos enviados por la Nación tengan menor poder de compra” que en años anteriores.
A todo esto se agrega el tema previsional ya que la mitad de las Provincias (como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Santa Cruz) no transfirieron sus Cajas, tienen diversos reclamos por deudas de la Nación que a cambio de la cesión del 15% debía financiar sus déficits, con el compromiso provincial de “armonizar” el régimen de aportes y contribuciones. En el caso de Córdoba, el Gobierno reconoció una deuda de $5.000 millones y el año pasado giró $1.500 millones. Con Santa Fe, hubo un giro parcial de $810 millones, mientras sigue el reclamo provincial por la totalidad de la deuda.
Todo esto y mucho más estará en la mesa que reunirá al Presidente y los gobernadores
